Asalto a la USMP

Por  Jimmy Calla Colana

Chang: el accionar de la mafia aprista

Como todos ya sabemos, Antonio Chang Escobedo hace lo que le da la gana en la Universidad San Martín de Porres, una universidad privada fundada por los padres dominicos, quienes han acudido a todas las instancias habidas y por haber, incluso han ido hasta el Tribunal Constitucional, pero infructuosamente hasta hoy no encuentran justicia. Tanto que uno de ellos hasta ha sufrido atentados contra su propia vida, este dominico, quien está enfrentándo a esa mafia aprista, no puede movilizarse libremente, tiene interceptados sus teléfonos fijos y celulares por lo que, constantemente, tiene que cambiar de números y vivir a salto de mata, es que él es uno de los impulsores por la recuperación – devolución de la universidad a sus legítimos propietarios.

       Fue a mediados de la década de 1990 que Chang se hizo de la Universidad. A punto de  cachiporra, donde el vil metal jugó un rol fundamental en la abrupta toma de la universidad San Martín de Porres, con ayuda del montesinismo, y en forma muy particular, de Javier Ríos Castillo, quien fue el asesor y digitador de Chang Escobedo.

     Nadie debe olvidar que ese corrupto, inmoral y constitucionalista por 48 horas, del Tribunal Constitucional, fue un elemento clave en la toma de la USMP. Para nadie es un secreto que en 1994, esta institución era administrada y era/es propiedad de la congregación religiosa dominica.

     Sin embargo, Chang Escobedo ya había montado un buen aparato policiaco y jurídico, con el único objetivo de apropiarse de lo que no era suyo, movió bien sus hilos a nivel del alto poder, de montesinistas y fujimoristas y después de un irregular proceso administrativo, terminó asaltando no sólo el Rectorado, sino también fraudulentamente se hizo de una mayoría y hasta copar el Directorio de la USMP. Tanto fue el escándalo, que el Congreso de la República de ese momento dictó la Ley 26313, facultando a los padres dominicos a nombrar una Comisión Reorganizadora para investigar las irregularidades que se daban en ese centro de estudios.

      Pero las autoridades ilegales de la USMP se las arreglaron para burlar la ley y no permitir el ingreso de la Comisión Reorganizadora, que podría haber arrinconado la mafia de Chang Escobedo. La intervención del abogado de la USMP, Javier Ríos Castillo, y las cartas que César Paredes Canto, como presidente de la Asamblea de Rectores envió a la Prefectura, Ministerio del Interior y la Corte Suprema fueron cruciales para ese cometido.

     Según el presidente de la Comisión Reorganizadora. Dicha comisión estaba presidida por el doctor Edmundo Beteta, y la formaron la profesora Sofía Escudero, Javier Gonzales Olaechea y los padres dominicos Ricardo Álvarez y Aron Almonte. Edmundo Beteta afirmó que no han podido ingresar a la universidad por las actuaciones de dos cuestionados personajes. Primero, por la interferencia de Javier Ríos Castillo, abogado de la San Martín y de la Universidad Ricardo Palma. Y luego la de César Paredes Canto, él envió unos oficios a la Corte Superior, a la dirección de la Policía y al Prefecto para que, si hubiera cualquier acción judicial por la cual esta ley se cumpliera, se interrumpiera inmediatamente. Es increíble que a pesar de que en ese momento era el vicepresidente de la República, se oponga a la ley del Congreso y la interfiera.

      Los trabajadores, profesores, y sobre todo la Comisión Reorganizadora, recuerdan como Javier Ríos Castillo, (Caretas 1423) con plata en efectivo, se paseaba por todos los Juzgados Civiles y Penales sobornando a jueces, secretarios y toda aquella persona que ellos necesitaban, y hasta se dio el lujo de fabricar y comprar testigos, todo esto fue denunciado por el presidente de la Comisión Reorganizadora, señor Edmundo Beteta, en la prensa escrita y radial. Una de las últimas intervenciones de Ríos Castillo consistió en que después del fallo de la Corte Suprema a favor de la Comisión de Reorganización, consiguió mediante actividades clandestinas e ilícitas hacerse del expediente y llevarlo al Tribunal Constitucional para posteriormente archivarlo, por medio de una medida denominada “Derecho de Casación”.

      Es necesario recordar que en esta época, el padre dominico Ricardo Álvarez, miembro de la Comisión, recibió la visita del abogado Javier Ríos Castillo y a los dos días la del rector Eugenio Chang Escobedo. Ambos pretendían transar con los dominicos para evitar la intervención y el escándalo. Personas cercanas a la orden comentaron a CARETAS que les ofrecieron cubrir los gastos que habían hecho en la comisión y la posibilidad de hacer un instituto de alto nivel para los dominicos. Pero ni los padres ni los miembros de la Comisión Reorganizadora accedieron a cargos de autoridades dentro de la universidad y menos una transacción mafiosa.

¡Los dominicos no aceptaron! 

"Primero vino Ríos y me dijo que la ley iba a caducar y que por lo tanto no cabría recurso alguno para que la comisión o la orden ingresara a la universidad -afirmó el padre Álvarez-. En vista de esto y de que había un nuevo rector desde el punto de vista legal, empeñado en poner las cosas en su sitio, la orden podía ingresar. Le contesté que yo no era nadie para decidir y que existía una Comisión nombrada por Ley que debía hacerlo, o en todo caso, el padre provincial de la orden". "Yo digo que la ley es la ley y por tanto no voy a claudicar -añadió el sacerdote-. No tiro la toalla y voy a reorganizar la universidad".

      La visita del rector Chang Escobedo no se hizo esperar, con el mismo planteamiento que el abogado en días anteriores. "Chang dijo que la universidad estaba desprestigiada y si la orden reingresaba... que garantía hay que… Me pidió que aprovechara que estaba él (Chang Escobedo) y que nos abría las puertas. Le di la misma respuesta que al abogado: No", concluyó firmemente el dominico Ricardo Álvarez.

       Sin embargo, por lo bajo, las cosas estaban ya decididas. Seguiremos informando.